viernes, 26 de febrero de 2010
martes, 23 de febrero de 2010
Bonificaciones EMPROACSA Y EPREMASA
El Pleno de la Diputación de Córdoba celebrado el pasado 16 de Noviembre aprobó con el único apoyo del Partido Socialista las diferentes ordenanzas fiscales, entre ellas cabe destacar la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión de RSU (basura) y la ordenanza reguladora de la tasa…(agua).
Izquierda Unida votó en contra de la primera fundamentalmente porque no estamos de acuerdo con la subida de casi un 10%, con respecto al año 2009 y una aportación económica de la Diputación de 800.000 euros a Epremasa para el ejercicio 2010. Esta subida y aportación se justifican por la precaria situación económica y financiera por la que atraviesa la empresa, una situación consentida por el Partido Socialista, con su actitud permanente de mirar para otro lado, cuando desde Izquierda Unida llevamos años advirtiéndole que si no se toman medidas contundentes en cuanto a la gestión que se está llevando en los últimos años, la empresa tendría serias dificultades.
Desde Izquierda Unida llevamos instando al Partido Socialista, desde hace dos años, a que incluya en las diferentes ordenanzas bonificaciones, reducciones o exenciones en función de la capacidad económica de la ciudadanía y de la situación de crisis financiera que vivimos. Durante dos años no se han atendido nuestras propuestas a pesar de comprometerse por acuerdo de pleno. Para el 2010, al fin el Partido Socialista contempla alguna bonificaciones, algo que desde Izquierda Unida valoramos positivamente pero nos parecen insuficientes ya que no contempla nuestras propuestas que eran más amplias.
Las bonificaciones contempladas son:
AGUA:
Reducción de un 30% a jubilados/as, pensionistas, familias numerosas o preceptores/as del ingreso mínimo de solidaridad, con ciertos requisitos que deben informarse en el Ayuntamiento.
BASURA:
Reducción de un 50% a jubilados/as, pensionistas, o preceptores del ingreso mínimo de solidaridad, también con ciertos requisitos que deben informarse.
Todas aquellas personas que se encuentre en cualquiera de las condiciones anteriormente expuestas deben dirigirse al Ayuntamiento para pedir la solicitud de bonificación.
El plazo de solicitud es hasta el 30 de Marzo de 2010
El grupo de Izquierda Unida se pone a disposición de cualquier persona que necesite información o ayuda.
Información Importante
El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Villafranca, ante las comunicaciones de la Empresa Provincial de Aguas (Empoacsa) que varias viudas de nuestra localidad están recibiendo instándoles a proceder al cambio de titularidad del contador de suministro del agua por fallecimiento de su marido, lo que tiene un coste aproximado de 62 euros.
OS INFORMAMOS:
Que para evitar este gasto, cuando el titular del contador fallezca; su cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos que hayan convivido en la vivienda, cuentan con un plazo de 12 meses para solicitar a EMPROACSA, la SUBROGACION en los derechos y obligaciones de la póliza, evitando así el coste que supone el cambio de titularidad del contador, tal y como establece el Reglamento de Suministro Domiciliario de Aguas en Andalucía en su artículo 62.
viernes, 12 de febrero de 2010
En defensa de las pensiones
La reforma que propone el Gobierno representa:
Meter la mano en los bolsillos de los pensionistas por importe de 80.000 millones de euros (4 puntos de PIB en 2030)
Favorecer las pensiones privadas que benefician a los Bancos
En Izquierda Unida vamos a luchar para que:
No se pueda aumentar la edad de jubilación con plenos derechos más allá de los 65 años
No se pueda aumentar el período de cómputo para calcular la pensión más allá de 15 años
Las pensiones se revalorización al menos lo mismo que aumenten los precios (IPC) y más aún para las pensiones más bajas.
Lo vamos a hacer movilizándonos en la calle para mostrar al Gobierno el rechazo a estas medidas y proponiendo en el Parlamento una Ley para garantizar los derechos de todos los pensionistas y acabar con el “pensionazo”
La reforma del Gobierno es una tremenda injusticia
y, además, es innecesaria
ES UNA INJUSTICIA
Porque recorta las pensiones por un importe de 80.000 millones de euros. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Gobierno en el Plan de Austeridad que ha enviado a la Comisión Europea en Bruselas
Cuando se aplique completamente la reforma, habrá 12 millones de pensionistas (3,5 millones más que en ahora, en 2010) y 80.000 millones de euros menos para pensiones, es decir cada pensionista percibirá en media 6.660 euros menos por su pensión que si no existiera esta reforma.
Por tanto, el Gobierno no dice la verdad cuando afirma que su objetivo es que “la buena situación presente continué en el futuro”.
No dice tampoco el Gobierno la verdad sobre los afectados por su reforma, porque afectará a TODOS, desde los que hoy tienen 61 años hasta los jóvenes que comienzan a trabajar.
Ni dice la verdad cuando afirma que busca una mayor correspondencia entre cotizaciones y pensión. Lo que significa la reforma es “con la misma cotización tendrás menos pensión” Según los datos del informe del Gobierno, por cada año que aumente el cómputo, el gasto en pensiones se reducirá un 0,2% del PIB. Si, como pretende, el período de cálculo pasa de 15 a 25 años, se recortarán las pensiones cuando se aplique el sistema unos 40.000 millones de euros por este concepto. Cuantos más años sirven para el cálculo, más baja es la pensión porque los salarios y las cotizaciones más antiguas eran también más bajos y no están suficientemente ponderados. Si se quiere corregir el efecto de que un trabajador esté en el paro al final de su vida profesional y esto le pueda rebajar la pensión, es mucho más eficaz dejar que el trabajador elija sus 15 mejores años de cotización.
Y, ADEMÁS DE SER UNA INJUSTICIA, NO ES NECESARIA
Porque el Sistema Público de Pensiones es fuerte y está consolidado. El año 2009, en plena crisis, ha tenido un superavit de 8.500 millones de euros. El Fondo de Garantía se aumentará hasta llegar a los 62.000 millones de euros.
Porque los argumentos alarmistas que da el Gobierno son engañosos y carecen de rigor:
1.- El argumento principal que plantea el Gobierno es el aumento de la esperanza de vida. Es incorrecto. El aumento de la esperanza de vida se debe a que ha descendido la mortalidad infantil y ha mejorado la salud de la población (en todo caso, esto sólo significaría que hay más cotizantes). Que haya aumentado la esperanza de vida 4 años no significa que todas las personas vivan 4 años más.
2.- También se utiliza para asustar, el argumento de que el incremento del gasto en pensiones será excesivo en el futuro. Tampoco es cierto. Véase la tabla adjunta:
2010 2030 2060
PIB 1.143,30 1.969,40 2.810,30
Gasto en pensiones 101,75 212,70 424,36
Resto para otros factores 1.041,55 1.776,70 2.385,94
* Datos oficiales en miles de millones de euros de 2007
Estos datos muestran que en 2030 la cifra disponible para factores que no son pensiones es el 175% de la de 2010, y en 2.060 más del doble.
3.- El Gobierno adelanta previsiones demográficas completamente carentes de rigor puesto que no se pueden hacer cálculos serios que vayan más allá de 10 años. Además, lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto, como es el caso español, no es el número de jóvenes y adultos que hay por cada jubilado, sino el número de cotizantes y el importe de la cotización por cada pensionista. Pues bien, el número de cotizantes y las cantidades cotizadas han aumentado y lo seguirán haciendo en el futuro. Tomemos de nuevo datos oficiales: el Gobierno estima que del 2010 al 2030 habrá un aumento de 2,5 millones de cotizantes y las cotizaciones aumentarán por el aumento de los salarios reales.
4.- Los datos confirman que, en España, un ejecutivo de Banco, por ejemplo, vive en media, 10 años más que un obrero manual o que la señora que limpia el Banco. Con la reforma propuesta se produciría el hecho de que la limpiadora tendría que trabajar dos años más para que cobre diez años su pensión el ejecutivo de su banco. Esto es contrario a la justicia social y al sentido común.
Y TODO ELLO, ¿POR QUË?
Por dos razones principales:
La más fuerte y a largo plazo, porque el Gobierno ha decidido favorecer a los Bancos facilitando las pensiones privadas. Si las pensiones públicas son bajas y difíciles, los trabajadores querrán contratar planes de pensiones privados.
Los verdaderos beneficiados de ello son los Bancos y las gestoras. Los ahorros de los trabajadores les reportan enormes beneficios. Trabajan para ellos.
Quienes han contratado planes privados de pensiones saben que han ganado poco o, incluso, han perdido dinero. Los bancos, no.
Es por esto que bancos y las cajas publican cada diez años informes anunciando el colapso de las pensiones en un plazo de diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando un término menos contundente) de las pensiones para diez o como máximo veinte años más tarde. El objetivo: crear alarma sobre el futuro de las pensiones públicas.
La segunda es que, en lo inmediato, les mandan una señal a costa de los pensionistas a los grandes inversores. “No os preocupéis, estamos dispuestos a hacer lo que haga falta, aunque vaya contra muchos de nuestros votantes, para aseguraros altos beneficios. Seguid invirtiendo en España”
ENTONCES, ¿NO ES NECESARIO CAMBIAR NADA?
Desde luego, no es necesario recortar las pensiones (en Italia representan el 14% del PIB), ni elevar la edad de jubilación (Francia, por ejemplo, la tiene a los 60 años), ni ampliar el número de años para el cálculo de la pensión.
Pero Izquierda Unida es partidaria de reforzar y consolidar el Sistema Público de Pensiones.
Proponemos:
1.- Eliminar los topes máximos de cotización y acercarse a la proporcionalidad de la cotización con los salarios reales.
¿Sabes que los altos salarios no cotizan por toda su retribución? La cotización máxima está fijada para un salario de 3.198 euros por 12 meses. Quienes ganan más de eso, es decir, de 38.376 euros brutos anuales ya no cotizan más.
2.- Combatir la economía sumergida. Los técnicos de Hacienda estiman la economía sumergida en el 23% del PIB. Puede estimarse en 800.000 el número de trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social. Hay que reconocer la validez, como dice el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 8, de todos los contratos verbales y de hecho para su alta en la Seguridad Social.
3.- Desarrollar políticas que ayuden a la creación de empleo. No hay peor enemigo de las pensiones que una cifra alta de parados como la que tenemos en estos momentos.
4.- Desarrollar una política de fomento de la natalidad con:
Universalización y gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años
Conciliación real de la vida familiar y laboral
Extensión de los permisos de maternidad/paternidad
Ayuda familiar significativa en función de la renta
Garantía de una vivienda digna a precios asequibles
45- Transformar todas las becas no estrictamente de estudios, incluidas las de la Administración, en Contratos para la Formación con las correspondiente alta en la Seguridad Social.
6.- Combatir radicalmente mediante la Inspección de Trabajo y el control Administrativo de la Seguridad Social el despido a los 11 meses para, en fraude de ley, hacer qu el mes de vacaciones lo pago el Servicios Público de Empleo.
7- Separar definitivamente las fuentes de financiación de la Seguridad Social (en este punto existe acuerdo con el documento presentado por el Gobierno) y cerrar las deudas del Gobierno con la Seguridad Social.
8.- Limitar estrictamente las subvenciones de las cotizaciones acordadas en los distintos programas de creación de empleo por su ineficacia. Mantener las referidas a la contratación de discapacitados y a las mujeres en caso de violencia de género.
9- Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, incentivando en ese caso la pensión, bajo el principio de que la jubilación y, por tanto, la pensión, es un derecho y no una obligación.
10.- Finalmente y no por ello, menos importante es necesario políticas a medio y largo plazo de estímulo del empleo, especialmente del empleo juvenil. Hoy podemos encontrarnos con que un joven con estudios universitarios puede trabajar con cotización a la seguridad social (si quitamos becas y economía sumergida) durante 2 años entre los 25 y 30 años de edad. ¿No es más sencillo cotizar 3 años más cuando se es joven que al final de la edad laboral?
La reforma del Gobierno pretende hacer trabajar a los mayores, mientras los jóvenes están tumbados en el tresillo de casa.
11.- Nada impide que el Sistema Público de Pensiones pueda ser parcialmente financiado con los impuestos del sistema tributario. Actualmente las pensiones no contributivas se pagan así. Dinamarca, por ejemplo, utiliza este sistema que tiene, desde nuestro punto de vista, más justificación que pagar con los impuestos los gastos de la Casa Real o financiar a la Iglesia Católica.
Frente a la desesperanza, hay alternativa.
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