miércoles, 10 de abril de 2013

Decreto sobre función social de la vivienda




Miércoles, 10 Abril 2013

En materia de vivienda, Andalucía ha dicho ¡Basta! ¡Hasta aquí hemos llegado!

El Decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno que determina la función social de la Vivienda, tuvo ayer, en palabras de la autora de la propuesta, nuestra compañera Elena Cortés, dos anclajes: La Plataforma de Afectados por la Hipoteca que han demostrado todo este tiempo que merece la pena luchar por cambiar las cosas y que Sí se puede. Al mismo tiempo los sindicatos de clase que han impulsado la recogida de un millón y medio de firmas para obligar al Congreso a debatir la ILP a favor de la dación en pago.
Y todo ello en dos escenarios distintos: El Congreso, donde el PP derroca cualquier expectativa y arrolla con su mayoría absoluta, y Andalucía, donde, con IU en el gobierno, se abre una esperanza sintetizada por Elena Cortés pero implicando a todo el gobierno andaluz, que recoge lo mejor de las luchas de la calle en contra de los desahucios y a favor de las personas. Andalucía avanza hacia una sociedad más justa. Por primera vez, un gobierno en España, en este caso el gobierno andaluz, legisla para ponerse del lado de los humildes y frente a los poderosos para hacer valer la vivienda como un derecho y no como un mero producto mercantil.

Con una gran fortaleza y seguridad jurídica, el Consejo de Gobierno aprueba una norma por la que, no sólo se cumple el programa de Izquierda Unida, sino también el Pacto de Gobierno y un número importante de normas y leyes de rango internacional, nacional y andaluz, normas que, por sorprendente que pueda parecer, nadie hasta ahora había hecho valer y que permiten su aplicación a favor del interés general.
Los bancos, las inmobiliarias y las sociedades de gestión patrimonial podrán ser sancionadas por tener viviendas vacías, y las personas físicas con viviendas desocupadas tendrán estímulos para ponerlas a disposición de esa función social.
Las personas en emergencia social, incursas en procesos de desahucio, podrán ver paralizado el lanzamiento por un período de hasta tres años, a través de una expropiación temporal de uso a favor del desahuciado. Aquíhttp://www.izquierda-unida.es/node/12003 se puede ver  la comparecencia completa de Elena Cortés presentando esta iniciativa. En materia de desahucios, Andalucía ha gritado ¡Basta ya! ¡Sí se puede!

En defensa de la escuela pública, menos escuela privada




Jueves, 04 Abril 2013
Desde Izquierda Unida hemos defendido siempre con pasión la escuela pública como motor de igualdad y cambio hacia una sociedad más libre y justa. Una escuela pública de todos para todos que asegure la igualdad de oportunidades y la democratización del conocimiento. Desde la etapa infantil hasta la universidad, desde la primaria hasta la formación de adultos es la escuela pública uno de los grandes patrimonios comunes de nuestra sociedad.
Precisamente porque la escuela pública es un bien común hemos de defenderla cuando está siendo atacada por una derecha que en este país nunca creyó que el conocimiento y el saber debieran llegar a todos en igualdad de condiciones. El Gobierno del PP, con su ministro de Educación Juan Ignacio Wert al frente, está inmerso en un gran proyecto de elitización y privatización de la educación. El Gobierno del PP impone menos becas, menos profesorado, más tasas, favoreciendo además a la escuela y a la universidad privadas. La derecha no quiere que “el hijo del obrero vaya a la universidad”, parafraseando un conocido lema de las manifestaciones. La derecha quiere una educación pública de segunda clase, segregada, con menos medios, que no potencie de raíz la igualdad de oportunidades, sino lo contrario. Y es que para las élites los pueblos cultos son peligrosos.
En Andalucía, Izquierda Unida ha exigido contrarrestar la medidas de recorte impuestas desde el Gobierno del PP. Una línea de actuación que se ha decidido desde la Junta de Andalucía ha sido la reducción progresiva de la escuela privada concertada, pagada con los impuestos ciudadanos y un factor de desigualdad y segregación, en favor de la escuela pública. Así, para el próximo curso 2013/2014 se reducirá la subvención a la escuela privada concertada para que la pública pueda mejorar sus recursos. La proporción de escuela privada concertada bajará del 19% y se seguirá reduciendo progresivamente en los próximos cursos a medida que las líneas educativas avancen. Hay que tener en cuenta que en las comunidades autónomas gobernadas por el PP  se ha disparado la presencia de la escuela privada. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya supera el 50% del conjunto de la educación obligatoria.
Frente a la educación segregada y desigualitaria que pretende el PP, Izquierda Unida seguirá defendiendo la escuela pública como la garante de la libertad y el derecho a la educación. La reducción progresiva de la educación privada concertada en Andalucía es un logro de la presión ciudadana en defensa de la educación pública. En esa línea, Izquierda Unida seguirá luchando para defender la escuela pública desde la calle y las instituciones.

El nuevo Plan Andaluz de la vivienda refuerza la lucha contra los desahucios




Lunes, 08 Abril 2013
El nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación reforzará la lucha contra los desahucios y el fomento del alquiler. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, inicia los trámites de elaboración del documento, que también dará prioridad a la mejora del parque residencial y de los espacios públicos.
Así lo ha considerado el Consejo de Gobierno del martes pasado que ha acordado iniciar los trámites para la elaboración del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, que recogerá la nueva estrategia de la Junta en esta materia. El documento, que sustituirá al desarrollado desde 2008, centrará sus medidas en la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler, la mejora del parque residencial, la autoconstrucción, el cooperativismo y la sostenibilidad. Asimismo, ampliará el ámbito de la rehabilitación más allá de la vivienda para incluir el patrimonio de interés arquitectónico y los espacios públicos.
Junto con las prioridades y objetivos, el plan definirá también las condiciones de acceso a las ayudas autonómicas y estatales para viviendas protegidas y proyectos de rehabilitación y suelo. El texto será consensuado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; los agentes sociales y económicos; las asociaciones de promotores, vecinos y consumidores y usuarios, y otros colectivos vinculados a este ámbito.
Una vez elaborada la propuesta del plan, la Consejería de Fomento y Vivienda recabará los informes preceptivos de adecuación a las normativas ambientales y de ordenación del territorio, además de someterlo al examen de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno para su aprobación. La Junta contará con un plazo de ocho meses para completar este proceso.
La presencia de Izquierda Unida en el gobierno andaluz y, particularmente en los temas relacionados con el derecho a la vivienda, está significando un importante giro a favor las personas frente a las exigencias y ventajismo de las entidades crediticias. Además, pone en valor el alquiler social, la rehabilitación –que crea empleo y recupera los pueblos y las ciudades- y la autoconstrucción e implica a la totalidad de las viviendas públicas en una parte de la solución integral del grave problema de la vivienda en Andalucía.

"República" o "Monarquía" ya es un debate social




Martes, 09 Abril 2013
Hemos conocido en el fin de semana un Barómetro de Confianza Institucional realizado sólo entre votantes de PSOE y de PP. Según este trabajo, la muestra encuestada “aprueba” o “desaprueba” la forma en la que las instituciones valoradas están desempeñando sus funciones. En ese estudio, el príncipe de Asturias aprobaba por 37 puntos de diferencia en el mes de diciembre de 2012. En marzo de 2013, sólo tres meses después, aprueba por 28 puntos. Es decir, en apenas 90 días ha perdido 9 puntos de confianza entre un colectivo de votantes no precisamente republicanos.
Más gordo aún es lo de Juan Carlos de Borbón. Las cifras son contundentes contra el monarca: Si en diciembre de 2012 los que le aprobaban superaban en 21 puntos a los que le suspendían, en apenas tres meses son los que le suspenden los que sacan 11 puntos a los que le aprueban. Es decir, ha perdido 32 puntos de confianza en ese escaso período de tiempo.
Como dice Diego Valderas, “nadie puede esconder que hay un debate en el conjunto de la sociedad sobre Monarquía y República”.
Está encima de la mesa y no es bueno para la democracia esconder este debate. Para Valderas, todo lo que ha venido representando la Corona está dañando la democracia en mano a mano con el bipartidismo.
De ahí el llamamiento del Coordinador andaluz de Izquierda Unida para que la ciudadanía recupere el prestigio político e institucional de la democracia, participando en los actos que en el entorno del 14 de abril reivindican la forma de estado federal y la forma de gobierno republicana, en un encaje más ciudadano y menos súbdito de los designios de la res pública.

viernes, 5 de abril de 2013

Desahucios: paralización inmediata y retroactividad




Viernes, 15 Marzo 2013
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios, vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. Esto quiere decir que, desde el 1 de enero 1995 (!!!) esta normativa era de obligado cumplimiento y tenía que estar traspuesta a la legislación de nuestro país.
Por eso mismo, los gobiernos sucesivos que han omitido esta norma obligatoria, podrían haber evitado más de 400.000 desahucios y ahorrado incalculables sufrimientos a millones de personas. Toda la prisa que se han venido dando para trasponer otras normativas que producían beneficios a bancos o empresas, contrasta con esta que favorece claramente a las clases populares.
Por lo tanto, nuestra fuerza política, en la calle, en el gobierno andaluz, en el parlamento o en el Congreso de los Diputados exige que se paralicen todos los desahucios de manera inmediata y que se restituyan todos los derechos vulnerados por tantísimos desalojos con carácter retroactivo. Este dictamen del tribunal europeo hace ilegales 400.000 desahucios en España y más de 80.000 en Andalucía.
Las dos leyes que se tienen que modificar inmediatamente son la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, puesto que no responden ni dan protección a los ciudadanos frente a cláusulas abusivas, así como tampoco ofrecen tutela judicial efectiva del derecho a la vivienda.
Esta sentencia europea tiene que conducir irremediablemente a que se apruebe en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo y a trasponer la directiva comunitaria para proteger a los consumidores de productos financieros, hipotecas o preferentes que han sido objeto de abusos manifiestos.
La paralización de los desalojos y el alquiler social deben suponer el punto de partida para que el gobierno central restituya el derecho humano a la vivienda, para inmediatamente, proceder a la adaptación de las leyes obsoletas y perjudiciales.
Izquierda Unida ha venido planteando sucesivas iniciativas políticas y parlamentarias en diferentes momentos pero, inevitablemente, los distintos gobiernos de los partidos mayoritarios han votado en contra de hacer efectivo lo que ahora se reconoce por este Tribunal de Justicia Europeo. Ahora tiene que aplicarse una restitución política y jurídica de la violencia ejercida contra las familias.
Para ello, Elena Cortés, Consejera de Fomento y Vivienda ha animado a las familias a que acudan a las Oficinas provinciales en Defensa de la Vivienda donde se van a seguir defendiendo estos derechos, siempre legítimos, y ahora, además, con la legalidad que se acaba de reconocer. Para IU es innegociable la paralización de los desahucios en marcha y la defensa de los derechos de estas personas.

Los premios "C" de Consumo de 2013 son más sociales




Lunes, 18 Marzo 2013
La finalidad de los Premios “C” de Consumo, que este año están promovidos desde la Secretaría General de Consumo que dirige nuestra compañera Lola Muñoz, es otorgar el merecido reconocimiento público a todas aquellas personas o grupos de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que hayan contribuido a impulsar la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía, potenciado la calidad en la atención prestada, fomentado la educación y los hábitos de consumo responsable, sostenible y, solidario, mejorado las relaciones de mercado a través del diálogo y la cooperación, o fomentado la investigación y el desarrollo en temas de especial trascendencia tanto para las personas consumidoras, sectores empresariales, comerciales o industriales que redunde de manera notable en la consolidación del consumo como línea estratégica de actuación hacia la ciudadanía.
Los Premios “C” tienen carácter honorífico sin contraprestación económica, a excepción de las modalidades de comunicación e investigación que se han premiado con una cantidad de 3.000 euros cada una. La entrega de premios se ha realizado en un acto de carácter público institucional, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que fue este pasado 15 de marzo.
Las modalidades de los Premios “C” de Consumo son seis, pudiéndose proponer candidaturas por cada una de las siguientes modalidades: Instituciones u Organismos Públicos, Asociaciones o colectivos de carácter privado, Empresas o empresarios en general, Personas físicas, Comunicación e Investigación. “En esta edición de los Premios “C” de Consumo –ha dicho en el acto de entrega Diego Valderas- queremos que quede representada una sociedad en disconformidad con los abusos y con la falta de control democrático de los poderes financieros.” Los premiados en esta edición de 2013, son:
  1. Pedro Vera Parejo, en representación de las personas afectadas por las participaciones preferentes de Villanueva de Córdoba.
  2. Jesús Soria de las Heras, por las acciones de información, formación y comunicación.
  3. Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol, por la responsabilidad empresarial y social.
  4. Sección de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo del Ayuntamiento de Granada, por su modelo de acuerdos extrajudiciales entre las partes.
  5. Coop 57 como sociedad cooperativa de servicios que concede préstamos a proyectos de economía social.
  6. Profesor Arturo Álvarez Alarcón, de la Universidad de Cádiz por su dilatada trayectoria investigadora a favor del arbitraje de consumo.

Elena Cortés y Rafael Rodríguez en la prensa escrita




Martes, 19 Marzo 2013
Dos entrevistas a nuestros consejeros.