PÁSALO:
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios, vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. Esto quiere decir que, desde el 1 de enero 1995 (!!!) esta normativa era de obligado cumplimiento y tenía que estar traspuesta a la legislación de nuestro país.
Por eso mismo, los gobiernos sucesivos que han omitido esta norma obligatoria, podrían haber evitado más de 400.000 desahucios y ahorrado incalculables sufrimientos a millones de personas. Toda la prisa que se han venido dando para trasponer otras normativas que producían beneficios a bancos o empresas, contrasta con esta que favorece claramente a las clases populares.
Por lo tanto, nuestra fuerza política, en la calle, en el gobierno andaluz, en el parlamento o en el Congreso de los Diputados exige que se paralicen todos los desahucios de manera inmediata y que se restituyan todos los derechos vulnerados por tantísimos desalojos con carácter retroactivo. Este dictamen del tribunal europeo hace ilegales 400.000 desahucios en España y más de 80.000 en Andalucía.
Las dos leyes que se tienen que modificar inmediatamente son la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, puesto que no responden ni dan protección a los ciudadanos frente a cláusulas abusivas, así como tampoco ofrecen tutela judicial efectiva del derecho a la vivienda.
Esta sentencia europea tiene que conducir irremediablemente a que se apruebe en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo y a trasponer la directiva comunitaria para proteger a los consumidores de productos financieros, hipotecas o preferentes que han sido objeto de abusos manifiestos.
La paralización de los desalojos y el alquiler social deben suponer el punto de partida para que el gobierno central restituya el derecho humano a la vivienda, para inmediatamente, proceder a la adaptación de las leyes obsoletas y perjudiciales.
Izquierda Unida ha venido planteando sucesivas iniciativas políticas y parlamentarias en diferentes momentos pero, inevitablemente, los distintos gobiernos de los partidos mayoritarios han votado en contra de hacer efectivo lo que ahora se reconoce por este Tribunal de Justicia Europeo. Ahora tiene que aplicarse una restitución política y jurídica de la violencia ejercida contra las familias.
Para ello, Elena Cortés, Consejera de Fomento y Vivienda ha animado a las familias a que acudan a las Oficinas provinciales en Defensa de la Vivienda donde se van a seguir defendiendo estos derechos, siempre legítimos, y ahora, además, con la legalidad que se acaba de reconocer. Para IU es innegociable la paralización de los desahucios en marcha y la defensa de los derechos de estas personas.
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