Las Consejerías de Administración Local y
Relaciones Institucionales y de Turismo y Comercio están ya colaborando en las
inspecciones a establecimientos comerciales, además de fomentar el arbitraje y
la mediación en materia de consumo e impulsar la formación en este ámbito. Así
se establece en el acuerdo de colaboración suscrito entre los titulares de los
citados departamentos, Diego Valderas y Rafael Rodríguez, respectivamente.
El objetivo de esta colaboración es aumentar el
número y mejorar y reforzar las inspecciones comerciales, para lo cual ambas
consejerías actuarán de forma conjunta y coordinada, unificando los protocolos
que deben seguirse en las inspecciones. Se trata, como ha dicho Valderas de la
cooperación del conjunto del Gobierno andaluz, conscientes de que hay que hacer
más por menos.
Es importante resaltar esta colaboración que
persigue una mayor eficiencia de los recursos de la administración andaluza en
las competencias de consumo y comercio, así como la defensa del mediano y
pequeño comercio.
Con otra forma de gobernar se quiere poner la
formación, la información y el diálogo por encima de la sanción, y mejorar la
defensa de las personas consumidoras y usuarias, siendo éste uno de los grandes
retos de la Junta en esta materia, con la pretensión de impulsar un servicio en
el que prime el asesoramiento y la información frente a la sanción.
El vicepresidente de la Junta y titular de
Administración Local y Relaciones Institucionales expresa su apoyo a los que
sufren los efectos de la liberalización comercial para que cada vez haya
comercios más comprometidos y éticos, rechazando los abusos que cometen
determinados sectores como la telefonía y la banca entre otros, y ha terminado
anunciando una ley andaluza que proteja los derechos de las personas
consumidoras y usuarias en la contratación de créditos hipotecarios.
Por su parte, Rafael Rodríguez resalta la
relevancia de este nuevo marco de colaboración porque persigue garantizar el
principio de eficacia administrativa, de forma que se evite repetir las
actuaciones de inspección en un mismo establecimiento y se optimicen de la mejor
manera posible los recursos técnicos y humanos disponibles.
La labor inspectora de la Administración no debe
ceñirse solo a fiscalizar y controlar la actividad, sino que ha de ser tomada
como un servicio orientado al desarrollo del comercio y a ofrecer un servicio
con la mayor calidad posible para el consumidor, puesto que prioriza las tareas
de información y asesoramiento por encima de las sanciones y el apercibimiento
por delante de la multa económica. La inspección debe estar al lado del
comerciante y del consumidor, siendo un aliado y no un enemigo, y en el que la
interlocución con los agentes socioeconómicos implicados y las organizaciones
que les representan resulta fundamental.
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