viernes, 5 de abril de 2013

25 de marzo: un año de gobierno, un año de luchas




Lunes, 25 Marzo 2013
Para el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, nuestra formación ha iniciado un giro de la política andaluza y contribuido a un Gobierno andaluz más cercano y de la calle, desde que en las pasadas elecciones autonómicas nuestra fuerza política duplicara el número de diputados, --pasando de seis y doce--, y se convirtiera en llave de gobierno, rompiendo todos los pronósticos que otorgaban una mayoría absoluta al PP-A.
Valderas ha realizado un balance claramente positivo, aunque se ha mostrado moderadamente satisfecho con los resultados, lo que achaca a una difícil situación económica y a una política de continuos ataques por parte del Gobierno de Rajoy. El ahora Vicepresidente de la Junta de Andalucía mantiene que no solo hay que valorar lo que el Gobierno andaluz ha logrado en estos primeros diez meses, sino lo que ha impedido, fruto de los recortes del PP y de las reformas que no compartimos y que han supuesto siete grandes plagas para la gente.
Izquierda Unida ha logrado mantener su actitud de lucha y de gobierno, siendo conscientes de la importancia que tiene la movilización. Hemos hecho una defensa cerrada de lo público, del Estatuto de Autonomía y nos hemos opuesto frontalmente a las políticas de derechas impulsadas por los mensajes de la Troika.
Por eso Valderas considera que IU es percibida por la ciudadanía como una formación útil y con solvencia, habiendo logrado los objetivos que nos marcamos el 25M de 2012, especialmente en lo que se refiere a frenar las políticas de derechas y la llamada marea azul.
En lo que se refiere a la acción del Gobierno andaluz, cabe destacar la defensa de la educación y la sanidad pública, el rechazo a las privatizaciones, la apuesta por la viabilidad económica de la RTVA a través de un contrato-programa, los cinco recursos de inconstitucionalidad presentados al Gobierno, la no santificación del déficit, o los dos planes de choque contra el desempleo.
Así mismo merecen ser tenidas en cuenta las medidas para frenar la pobreza, como el plan de acción social o la red de solidaridad alimentaria, los Pactos por el Turismo y el Empleo, --en el marco del Pacto por Andalu-cía--, la defensa a ultranza" de los ayuntamientos, o la lucha contra los desahucios que ha evitado que más de mil familias pierdan sus hogares.
En materia de leyes, Valderas indica que el Gobierno andaluz trabaja en importantes normativas en cuestiones de transparencia, participación ciudadana, memoria histórica, fiscalidad, movilidad sostenible, banco de tierras, o defensa de los derechos de los consumidores de productos financieros, entre otras leyes. Finalmente, destacar la apuesta por la lucha contra la corrupción que mantiene IULV-CA, firme propulsora de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza y que ahora está en su fase judicial. Esa corrupción tiene que terminar con sus responsables pagando su culpa en la vía penal.

¡Rajoy dimisión! #HayAlternativa




Martes, 26 Marzo 2013
Las políticas neoliberales del Gobierno del PP nos condenan a la miseria. Los poderes económicos ante los que el Gobierno es tan sumiso, han decidido que nuestro país se empobrezca, que no produzca y que compita bajando salarios. Ese no es el país que queremos.
Izquierda Unida ha puesto en marcha una campaña que pretende abrir una nueva etapa y que el pueblo tome la palabra en las urnas frente a un Rajoy deslegitimado.
Está previsto desarrollar más de 360 actos en todo el Estado que se convocarán a través de actos públicos, mesas redondas, asambleas abiertas, explicaciones a los colectivos y asociaciones que están en lucha frente a las actuales políticas, todo ello junto a una masiva recogida de firmas.
Queremos que el pueblo tome la palabra y hable a través de las urnas. Rajoy no tiene legitimidad al haber aplicado un programa totalmente distinto al que presentó en las elecciones. Lo incumple flagrantemente y eso tiene un nombre: estafa electoral. Rajoy está inmerso en una inmensa estafa electoral y lo que hace es aplicar el programa oculto de FAES casi a raja tabla.
El Gobierno del PP debe dimitir, entre otras razones, porque no sólo no ha resuelto los problemas que había cuando llegó sino que ha creado otros nuevos. Están gobernando a golpe de decreto y sus ministros suspenden en porcentajes que no hemos conocido en ningún periodo de la etapa democrática española.Se está deconstruyendo la Constitución Española y se camina hacia atrás respecto al pacto de 1978. Hay un deterioro democrático evidente. La democracia está secuestrada y no es posible hablar de democracia en mayúsculas, todo ello agravado por el problema de la corrupción que sigue campando a lo ancho en nuestro país.
Pero #HayAlternativa: alternativas concretas que, desarrolladas y explicadas convenientemente, IU vamos a desgranar a lo largo de los meses que dure la campaña por todo el Estado: la defensa de una Banca Pública, defender la auditoría de la deuda para concretar su parte ilegítima –medida que ya tumbó el PP la pasada semana en el Congreso- la defensa férrea de la Educación Pública, laica y de calidad, la Sanidad y el conjunto de servicios sociales, revalorizar las pensiones, fomentar el empleo juvenil, la derogación de la reforma laboral y la creación de un plan de empleo para parados sin subsidio. A éstas les acompañarán otras que son un referente en la acción de IU como la exigencia de una reforma de la Ley Electoral o la convocatoria de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía.

Andalucía recurre el ataque a las renovables




Miércoles, 27 Marzo 2013
El Consejo de Gobierno aprobó autorizar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional contra tres normas del gobierno central que perjudican a las energías renovables.
Los cambios fiscales y tarifarios que el gobierno central promueve con sus normas, junto con la supresión de primas, afectan a inversiones por un valor de 12.000 millones de euros que generarían en Andalucía alrededor de 38.000 puestos de trabajo y supondrían 4.300 MW de potencia limpia.
Las tres normas son las siguientes: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector energético).
El gobierno andaluz remarca que las medidas impuestas en las nuevas normas estatales se trasladarán a los mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan los ciudadanos. Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 no incluyen ninguna partida para renovables ni políticas de ahorro y eficiencia, abandonando los planes que se desarrollaban en estos dos ámbitos.
Por tanto, las principales actividades perjudicadas serán las de la energía termosolar, que concentra en la comunidad autónoma el 61% de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la que también es líder. Las renovables cuentan en Andalucía con 1.400 empresas, que dan empleo a casi 45.000 personas.
Actualmente, el 38% de toda la potencia eléctrica andaluza proviene de fuentes limpias como el sol, el viento y la biomasa, que también suponen el 33,5% de la electricidad que consumen los andaluces (6,6% en 2006). En relación con el consumo de energía primaria, su aportación representa el 15,8%, 4,6 puntos por encima de la media española). Estos datos sitúan a la comunidad autónoma a la cabeza de España en las energías solar térmica de baja temperatura, termosolar y biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes. Andalucía también destaca en fotovoltaica (segundo puesto) y eólica (cuarto).
Se trata del quinto recurso promovido en lo que va de legislatura por el Ejecutivo andaluz ante el TC contra decisiones del Gobierno central. La Junta ya ha llevado ante el alto tribunal el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia sanitaria, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la nueva regulación estatal de horarios y rebajas comerciales y la Ley de Tasas Judiciales que entró en vigor el pasado mes de diciembre.

Hacia un estado laico




Lunes, 01 Abril 2013
El Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida insiste en la necesidad de romper toda relación de privilegio, también económico, entre el Estado y la Iglesia Católica como forma de contrarrestar las dramáticas conse-cuencias de los recortes sociales.
Sólo el pasado año 2012, la Iglesia Católica recibió en nuestro país más de 6.000 millones de euros de las administraciones públicas, de los cuales la mitad fueron a parar a los 2.400 colegios católicos que aún en la actualidad existen en España, y más de dos mil millones se repartieron entre las diferentes instituciones sanitarias y de benefi-cencia  de la jerarquía eclesiástica.
Desde ALEAS-IU se denuncia que desde instancias gubernamentales se dé cobertura económica a la Iglesia Católica, organismo nada parco y bastante insistente a la hora de exponer y desarrollar sus valores desigualitarios, machistas y LGTBIfobos. Ya el pasado año, desde éste mismo área de IU denunciamos como inadmisibles las declaraciones homófobas del Obispo de Alcalá al declarar que las personas homosexuales son “personas corrompidas”, así como las que en enero de 2012 hiciera el máximo representante de la Iglesia Católica al manifestar que las políticas del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo suponen “una amenaza para la dignidad humana y el porvenir mismo de la humanidad”.
Este tipo de declaraciones, lejos de ser esporádicas e insus-tanciales al sentido general de la Iglesia, suponen su más profunda expresión. El recientemente elegido Papa Francisco I, que como cabeza máxima de la jerarquía eclesiástica se erigirá como guía moral de todo el catolicismo, no dudó en expresar en 2007 su rechazo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la República Argentina defendiendo que “las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos políticos”, en tanto que "el orden natural y los hechos nos enseñan que el hombre es el ser político por excelencia; las Escrituras nos demuestran que la mujer siempre es el apoyo del hombre pensador y hacedor, pero nada más que eso". Más próximo en el tiempo, cuando en 2010 el Parlamento argentino debatía el proyecto de ley de matrimonio igualitario, expresó que este futuro derecho no era más que “la pretensión destructiva del plan de Dios”. En su misiva, el entonces arzobispo de Buenos Aires hacía un llamamiento al Espíritu Santo para que pusiera “la luz de la verdad en medio de las tinieblas del error”. Para Francisco I, el matrimonio entre personas del mis-mo sexo ponía en juego “la identidad y al supervivencia de la familia: papá, mamá e hijos”, y añadía: “está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazo-nes”. Por desgracia, las manifesta-ciones del Papa Francisco I parecen estar muy cercanas a los valores pre-ponderantes en los espacios dirigidos o vinculados a la Iglesia Católica.
La experiencia nos dicta que en los centros educativos y sanitarios dirigidos por valores católicos se hace imposible la cohabitación de realidades sexuales y afectivas diversas, toda vez que las realidades que no responden a los valores patriarcales impuestos por la ideología católica son rápidamente reprimidas, ridiculizadas y silenciadas. Cabe resaltar, por otra parte, que la cantidad total fijada para los recortes en servicios públicos educativos y sani-tarios, cuyas consecuencias estamos sufriendo todas y todos y que el Gobierno del PP se obstina en presentar como imprescindibles, coinciden plena-mente con el presupuesto estatal derivado a las institu-ciones dirigidas por la Iglesia católica.
Desde ALEAS-IU, una vez más, defendemos como incompa-tible la financiación a este tipo de organismos retrógrados y ultraconservadores -representantes del más acérrimo machis-mo y exponente de la más agresiva LGTBIfobia- con la a-puesta sincera por la democratización de la sociedad, así co-mo la aceptación de todas las sensibilidades en cuanto a la manera de vivir, sentir y experimentar la sexualidad.
El Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IU no se cansará de exigir la consecución de un Estado verdadera-mente democrático y laico, tolerante y plural, para lo cual se hace imprescindible la derogación inmediata del Concordato de 1953 así como de los Acuerdos de 1979 que España mantiene con el Vaticano.

Además, tal y como viene reivindicando el área LGTBI de IU, todo Estado que quiera desarrollar una política verdadera-mente laica debe materializar su compromiso con las reali-dades afectivo-sexuales no hegemónicas, fomentando la visi-bilización de estas realidades en el espacio público, más aún cuando éstos espacios dependan directamente de instancias gubernamentales, sin favorecer ni privilegiar ningún posicionamiento concreto sobre otros en base a su ideología religiosa o moral.
AND-orgullo-es-laicismo

Ordenar y proteger el litoral andaluz




Martes, 02 Abril 2013
El gobierno andaluz aprobó en su última sesión del mes de noviembre pasado un Decreto Ley de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral. Este Decreto fue convalidado por el Pleno del Parlamento andaluz en su reunión del 12 de diciembre. Se trata de una iniciativa que significa la toma de conciencia, el intento por parte de los representantes de la soberanía popular, de intervenir en una cuestión que es pública y que exige atención.
Y las playas y la costa son un bien público del que se debe velar por su mantenimiento como público. Es posible hacer compatible el fortalecimiento de un sector turístico suficientemente competitivo, con el mantenimiento de los recursos naturales que son propiedad de todos los andaluces y las andaluzas y que no se pueden utilizar en beneficio de unos pocos.
La ordenación del litoral como zona sensible y frágil que sufre un acoso especulativo y degradante tenía que regularse para que sobre él se pudieran llevar a cabo actividades urbanas y turísticas. A pesar de que el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz ya preveía acotaciones importantes en las actuaciones sobre el litoral, han sido sólo el 11% de los ayuntamientos andaluces, que representan el 25% de la población, los que han adaptado sus planes urbanísticos a los principios contemplados en el POTA.
De los mil cien kilómetros de costa con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma, la situación no es mucho mejor. Solo 10 de los 62 municipios costeros andaluces han modificado sus planes para adaptarse al POTA, lo que resulta todavía más significativo si tenemos en cuenta que el 40% de los primeros 500 metros de costa ya se encuentra ocupado. Hace cinco décadas, en comparación, el grado de ocupación de esta franja era solo del 7%. De ahí el carácter urgente de estas medidas.
Como complemento a esta iniciativa, Andalucía se ha adherido a la “Carta de Bolonia 2012” para impulsar la protección y el desarrollo sostenible de la costa mediterránea, junto con otras 12 regiones europeas de España, Francia, Italia, Grecia y Croacia, para la promoción de un marco común de acciones estratégicas hacia la conservación del litoral, en cuyos ejes se contempla el cambio climático y sus efectos en estos espacios de alto impacto ambiental y económico.
Andalucía es una de las regiones más extensas y pobladas de la Unión Europea, con más de 1.100 kilómetros de costa que posee un gran interés ambiental. En las costas andaluzas se encuentran representados 60 tipos de hábitats, incluidos en la directiva europea, que dan cobijo al 40 % de las especies de flora amenazada; mientras que los fondos marinos albergan la mayor diversidad de los mares europeos, con más de 1.950 especies de flora y fauna marina.
La costa andaluza, en la que uno de cada tres kilómetros -335 en total- se encuentran amparados por alguna figura de protección ambiental debido a sus excepcionales valores naturales, sigue siendo un importante foco de atracción turística, donde el turismo constituye el principal motor económico. La franja litoral acoge también gran parte de los cultivos más competitivos y la agricultura más moderna, por lo que la apuesta por la sostenibilidad de este enclave es fundamental para garantizar el bienestar de los ciudadanos y generaciones venideras.

Declaración en defensa de la democracia local




Miércoles, 03 Abril 2013
Hoy, 3 de abril, conmemoramos el trigésimo cuarto aniversario de las primeras elecciones municipales desde la vuelta de la democracia a nuestro país. Ese día, los hombres y mujeres de los pueblos y ciudades de Andalucía con derecho a voto acudieron masivamente a elegir a sus concejales y concejalas, con la certeza de que esa cercanía iba a ser clave para el desarrollo posterior de su municipio.
La ilusión por desarrollar un gobierno democrático en la administración más cercana se reflejó en la transformación de las ciudades, pueblos, aldeas y pedanías, impulsados por el empuje activo de una ciudadanía ávida de cambios y de mejoras.
Treinta y cuatro años después, la democracia local que con tantas dificultades se construyó por todos y todas está en peligro por una reforma de la Administración Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que quedan en manos públicas, es decir, de todos y todas.
Con esta Ley Anti-Ayuntamientos, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un  “coste estándar”, fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real del servicios. Esta reducción de costes tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos y la pérdida de empleo municipal. Además, la Diputación impondrá en ese caso los impuestos municipales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese “coste estándar”. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio.
Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía ha sido desde su fundación una fuerza municipalista, que pone en práctica en los Ayuntamientos que dirige formas de gobernar diferentes, cercanas a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, con preocupaciones por los derechos sociales de sus vecinos y vecinas, aún más importantes en los momentos en que vivimos, donde el Ayuntamiento, como administración más cercana, realiza y debe seguir realizando un papel de atención mayor y más sensible a las personas que peor lo están pasando.
En conmemoración de este aniversario, hacemos un llamamiento a la defensa de los pueblos y ciudades andaluzas, para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos.

En defensa de la escuela pública, menos escuela privada




Jueves, 04 Abril 2013
Desde Izquierda Unida hemos defendido siempre con pasión la escuela pública como motor de igualdad y cambio hacia una sociedad más libre y justa. Una escuela pública de todos para todos que asegure la igualdad de oportunidades y la democratización del conocimiento. Desde la etapa infantil hasta la universidad, desde la primaria hasta la formación de adultos es la escuela pública uno de los grandes patrimonios comunes de nuestra sociedad.
Precisamente porque la escuela pública es un bien común hemos de defenderla cuando está siendo atacada por una derecha que en este país nunca creyó que el conocimiento y el saber debieran llegar a todos en igualdad de condiciones. El Gobierno del PP, con su ministro de Educación Juan Ignacio Wert al frente, está inmerso en un gran proyecto de elitización y privatización de la educación. El Gobierno del PP impone menos becas, menos profesorado, más tasas, favoreciendo además a la escuela y a la universidad privadas. La derecha no quiere que “el hijo del obrero vaya a la universidad”, parafraseando un conocido lema de las manifestaciones. La derecha quiere una educación pública de segunda clase, segregada, con menos medios, que no potencie de raíz la igualdad de oportunidades, sino lo contrario. Y es que para las élites los pueblos cultos son peligrosos.
En Andalucía, Izquierda Unida ha exigido contrarrestar la medidas de recorte impuestas desde el Gobierno del PP. Una línea de actuación que se ha decidido desde la Junta de Andalucía ha sido la reducción progresiva de la escuela privada concertada, pagada con los impuestos ciudadanos y un factor de desigualdad y segregación, en favor de la escuela pública. Así, para el próximo curso 2013/2014 se reducirá la subvención a la escuela privada concertada para que la pública pueda mejorar sus recursos. La proporción de escuela privada concertada bajará del 19% y se seguirá reduciendo progresivamente en los próximos cursos a medida que las líneas educativas avancen. Hay que tener en cuenta que en las comunidades autónomas gobernadas por el PP  se ha disparado la presencia de la escuela privada. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya supera el 50% del conjunto de la educación obligatoria.
Frente a la educación segregada y desigualitaria que pretende el PP, Izquierda Unida seguirá defendiendo la escuela pública como la garante de la libertad y el derecho a la educación. La reducción progresiva de la educación privada concertada en Andalucía es un logro de la presión ciudadana en defensa de la educación pública. En esa línea, Izquierda Unida seguirá luchando para defender la escuela pública desde la calle y las instituciones.