PÁSALO:
El gobierno andaluz aprobó en su última sesión del mes de noviembre pasado un Decreto Ley de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral. Este Decreto fue convalidado por el Pleno del Parlamento andaluz en su reunión del 12 de diciembre. Se trata de una iniciativa que significa la toma de conciencia, el intento por parte de los representantes de la soberanía popular, de intervenir en una cuestión que es pública y que exige atención.
Y las playas y la costa son un bien público del que se debe velar por su mantenimiento como público. Es posible hacer compatible el fortalecimiento de un sector turístico suficientemente competitivo, con el mantenimiento de los recursos naturales que son propiedad de todos los andaluces y las andaluzas y que no se pueden utilizar en beneficio de unos pocos.
La ordenación del litoral como zona sensible y frágil que sufre un acoso especulativo y degradante tenía que regularse para que sobre él se pudieran llevar a cabo actividades urbanas y turísticas. A pesar de que el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz ya preveía acotaciones importantes en las actuaciones sobre el litoral, han sido sólo el 11% de los ayuntamientos andaluces, que representan el 25% de la población, los que han adaptado sus planes urbanísticos a los principios contemplados en el POTA.
De los mil cien kilómetros de costa con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma, la situación no es mucho mejor. Solo 10 de los 62 municipios costeros andaluces han modificado sus planes para adaptarse al POTA, lo que resulta todavía más significativo si tenemos en cuenta que el 40% de los primeros 500 metros de costa ya se encuentra ocupado. Hace cinco décadas, en comparación, el grado de ocupación de esta franja era solo del 7%. De ahí el carácter urgente de estas medidas.
Como complemento a esta iniciativa, Andalucía se ha adherido a la “Carta de Bolonia 2012” para impulsar la protección y el desarrollo sostenible de la costa mediterránea, junto con otras 12 regiones europeas de España, Francia, Italia, Grecia y Croacia, para la promoción de un marco común de acciones estratégicas hacia la conservación del litoral, en cuyos ejes se contempla el cambio climático y sus efectos en estos espacios de alto impacto ambiental y económico.
Andalucía es una de las regiones más extensas y pobladas de la Unión Europea, con más de 1.100 kilómetros de costa que posee un gran interés ambiental. En las costas andaluzas se encuentran representados 60 tipos de hábitats, incluidos en la directiva europea, que dan cobijo al 40 % de las especies de flora amenazada; mientras que los fondos marinos albergan la mayor diversidad de los mares europeos, con más de 1.950 especies de flora y fauna marina.
La costa andaluza, en la que uno de cada tres kilómetros -335 en total- se encuentran amparados por alguna figura de protección ambiental debido a sus excepcionales valores naturales, sigue siendo un importante foco de atracción turística, donde el turismo constituye el principal motor económico. La franja litoral acoge también gran parte de los cultivos más competitivos y la agricultura más moderna, por lo que la apuesta por la sostenibilidad de este enclave es fundamental para garantizar el bienestar de los ciudadanos y generaciones venideras.
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