La Consejera de Fomento y
Vivienda, Elena Cortés,
compareció ayer a petición propia en el Parlamento de Andalucía para rendir
cuentas del balance de las Oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa
de la Vivienda, abiertas hace ahora, apenas tres meses y medio. En ese escaso
tiempo ya se han conseguido evitar 969 desahucios por la intermediación
de la Junta.
Así lo explicó Elena Cortés,
Consejera de Fomento y Vivienda, cuando procedía a la evaluación y valoración
del funcionamiento de estas oficinas desde la fecha de su apertura, el 8 de
octubre, hasta el 25 de enero pasado. El vídeo completo se puede ver aquí:
“El objetivo fundamental cuando
abrimos las oficinas era que las personas que acudían a las mismas no perdieran
su vivienda. Y podemos decir que lo hemos conseguido. Estas oficinas son
un varapalo a la resignación, al discurso del 'no se puede
hacer nada', una demostración de que la política sí puede cambiar las cosas si
una administración se pone del lado de las víctimas, de los débiles” y rompe con
la insólita neutralidad con que la administración autonómica venía permitiendo
los desahucios, aún teniendo trasnferidas todas las competencias en materia de
vivienda.
Desde el Grupo Parlamentario de
IULV-CA se comparte la valoración que la Consejería realiza de este periodo
inicial del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Así lo expuso ayer
Inmaculada Nieto, diputada-portavoz en asuntos de fomento y vivienda de
Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, quien dijo que “Izquierda Unida tiene
un compromiso por situar en primera línea política e institucional el drama de
los desahucios y señalar a los responsables de esta situación”.
Desde la puesta en marcha del
Programa, el pasado 8 de octubre, hasta el 25 de enero de 2013, es decir, en sus
primeros tres meses y medio de funcionamiento, las oficinas han recibido un
total de 1.832 visitas, por las que se han abierto un total de 1.251
expedientes. El resto fueron personas que se limitaron a solicitar información
sobre la oficina, pero sin concretar finalmente ninguna petición, por lo que no
se abrió expediente. Un total de 163 familias (13%) acudieron a las oficinas en
la fase de prevención, 969 (77,5%) en la fase de intermediación y 119 (9,5%) en
la fase de protección.
Estos buenos resultados de las
oficinas responden en gran medida a que su puesta en funcionamiento fue
posterior a una ronda de contactos “con aquellos que saben, los afectados por el
problema y los colectivos en defensa del derecho a la vivienda” y destacando la
labor de la sociedad civil organizada en la lucha contra los desahucios. Cortés
solicita al Gobierno central que haga lo mismo y escuche a la calle, expresando
su “total apoyo” a la Iniciativa Legislativa Popular “presentada por diversas
plataformas y colectivos sociales para reformar la injusta y desequilibrada
legislación española sobre desahucios”.
“Esta ILP llega al Congreso
avalada por 750.000 firmas, entre ellas la mía”, señaló la consejera durante su
comparecencia parlamentaria, que ha recordado que la iniciativa recoge medidas
“tan justas como urgentes”.
Por su parte Inmaculada Nieto (en
la foto), se ha mostrado segura de que “ningún militante de Izquierda Unida ha
dejado de apoyar con su firma la ILP, como otros muchos del PP y del PSOE que
también la han firmado” por lo que “se entiende que hay un gran consenso social
con las tres grandes peticiones de esta ILP: dación en el pago,
paralización de los desahucios y alquiler social”
Por esto, para Izquierda Unida,
“el próximo martes será el día en el que los diputados y diputadas del Congreso
se retraten sobre el lado que ocupan en esta batalla y a quién representan: si
con las víctimas de esta crisis-estafa o con los especuladores que la han
provocado”.
Por último, tanto desde la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía como desde el Grupo de
Izquierda Unida se ha mostrado también el apoyo a la movilización del 16 de
febrero en defensa de una vivienda digna haciendo un llamamiento a la toda la
ciudadanía para que participen “en la calle, en la defensa de un derecho
estatutario y constitucional, un derecho humano que en España está siendo
sistemáticamente pisoteado”.
IU demuestra así que es posible,
aún con una legislación tan contraria, hacer frente a la injusticia que supone
perder la vivienda.
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