El Grupo de Izquierda
Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía somete a la consideración del Pleno
del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, la siguiente moción relativa
al Real Decreto Ley de moratoria de desahucios
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El consejo de Ministros del pasado 15 de noviembre aprobó
un Real Decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, que se ha revelado absolutamente insuficiente nada más hacerse
público porque no aborda en profundidad y con voluntad real el trágico problema
de los desahucios.
El citado Real Decreto establece dos medidas:
La paralización durante dos años del desahucio, que afecten
a los colectivos que cumplan estos requisitos:
1.
No superar el nivel de
rentas de 1.597 euros;
2.
Haber multiplicado la
carga hipotecaria, al menos, por un 1,5 en los últimos cuatro años;
3.
Superar la cuota
hipotecaria el 50 por 100 de los ingresos netos;
4.
Tener un crédito
garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad;
5.
y, además, encontrarse
en algunas de estas circunstancias:
·
Ser familias numerosas
de acuerdo con la definición en la legislación vigente.
·
Constituir una unidad
familiar monoparental con dos hijos a cargo.
·
Ser familias con algún
menor de tres años.
·
Tener a su cargo a
personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que
incapacite de modo permanente para una actividad laboral.
·
Ser deudores en paro y
sin prestación por desempleo.
·
Constituir unidades
familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que
estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de
parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y que se
encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad
grave que incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.
·
Estar en algunos
supuestos de violencia de género.
Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.
Este decreto ley es a todas luces injusto e insuficiente,
ya que establece una casuística para los colectivos que pudieran beneficiarse
del desahucio que no aborda con rigor ni valentía un problema que ha pasado de
drama a tragedia social, tras los últimos acontecimientos donde personas
desesperadas por el desahucio han puesto fin a sus vidas, situando el problema
en su trágica dimensión.
El Real Decreto Ley plantea una moratoria de dos años, tras
los que sigue vigente por tanto la amenaza de desahucio, a colectivos en los
que tiene que darse al mismo tiempo unos requisitos que no van a abarcar a la
diversidad y complejidad de un problema que ataca a uno de los derechos
reconocidos en la
Constitución Española y cuestiona y destruye uno de los
derechos humanos básicos, el de que todas las personas disfruten de una
vivienda digna.
Actualmente existen 400.000 familias desahuciadas de sus
viviendas que a pesar de haber perdido su casa mantienen la deuda perpetua con
el banco, en un caso que evidencia como pocos la crisis-estafa en la que
estamos viviendo, con un marco normativo obsoleto, como lo evidencia la
franquista Ley Hipotecaria Española de 1946.
No se trata solo de los desahucios: se trata de la deuda y
la carga hipotecaria de las personas que pesan como una losa para salir de un
círculo vicioso provocado por una situación a todos luces injusta y por unas
leyes vigentes que son una estafa y que sitúan a las personas al pairo de las
entidades financieras, ante las que el Gobierno central no muestra intención
política de confrontar en favor de la ciudadanía más vulnerable.
Los Ayuntamientos andaluces, que conforman la
administración más cercana a la ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a este
drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas, sino que deben erigirse
como parte del Estado que, como en otras importantes ocasiones y momentos en lo
que la sociedad lo ha demandado, pongan en el centro del debate político la
necesidad de actuaciones urgentes sobre las personas amenazadas de desahucios,
así como cambios normativos que den solución a un de los problemas más graves
con los que se encuentra actualmente la sociedad Española.
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Villafranca de
Córdoba eleva los siguientes:
1.
Exigir la retirada del
citado Real Decreto Ley y su sustitución por una profunda reforma legal que
contemple:
·
La paralización
inmediata de todos los desahucios,
·
La dación en pago con
carácter retroactivo,
·
El alquiler social
como solución alternativa,
·
La reforma de la Ley de enjuiciamiento civil,
·
La reforma de la Ley hipotecaria, que contemple una quita de la
deuda privada por la adquisición de la vivienda.
2.
En consecuencia,
apoyar la
Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de Ley de
la regulación de la dación en pago, de la paralización de los desahucios y de
alquiler social.
3.
Promover actuaciones
de mediación ante las entidades financieras y de información de las familias en
riesgo de desahucio, con el apoyo de las oficinas provinciales del
programa Andaluz en defensa de la
Vivienda , que eviten los desahucios.
4.
Apoyar
institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del
derecho a la vivienda se organicen para la consecución de los objetivos arriba
enunciados.
5.
Dar traslado de la
siguiente moción a la subdelegación del Gobierno central y a la Delegación del Gobierno
de la Junta de
Andalucía de la provincia.
Villafranca de Córdoba a 15
de Enero de 2013
Fdo.: Elísabeth Molina Cuenca
Portavoz Grupo Municipal IU.LV-CA
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