Diego Valderas, Vicepresidente de la Junta había
propuesto el pasado 29 de enero celebrar un Consejo de Gobierno monográfico para
tomar medidas para crear empleo, consciente de que el paro es el principal
problema de Andalucía, con casi un millón y medio de personas sin empleo (35,86%
de la población activa).
Este Consejo de Gobierno monográfico tuvo lugar
ayer y en el transcurso del mismo se han decidido la aceleración y ejecución de
las partidas presupuestarias que afectan al fomento del empleo, pasando de las
palabras a los hechos, ante una situación de emergencia social que no admite
demora.
Con un presupuesto aproximado de 500 millones el
gobierno andaluz ha aprobado 21 medidas de fomento del empleo, distribuídas en
tres bloques. Su objetivo es la creación de 42.000 nuevos puestos de trabajo
directos y el mantenimiento de otros 150.000.
El primer bloque se refiere a programas
extraordinarios dirigidos a jóvenes, parados de larga duración, familias con
todos sus miembros en paro y territorios especialmente afectados. El Plan de
Empleo juvenil, dotado con 167,5 millones, la activación del Plan Extraordinario
de Acción Social que cuenta con un presupuesto de 60 millones, así como la
incorporación al actual Plan de Choque de medidas de mayor flexibilidad para que
se puedan acoger al mismo los parados de larga duración y las familias con todos
sus miembros en el desempleo. El actual Plan será prorrogado a su término con
una dotación de 200 millones de euros y al mismo se ha invitado a incorporarse
al gobierno central.
El segundo bloque va dirigido a favorecer la
inversión productiva que genere puestos de trabajo, priorizando la gestión de
fondos europeos 2014-2020 orientados a la creación de empleo. Puesta en marcha
de la Mesa para la Mejora de la Regulación en Andalucía para la eliminación de
obstáculos administrativos que dificulten la inversión productiva, así como a
reforzar los mecanismos para la negociación y la mediación en los conflictos
laborales.
Y el tercer bloque pretende la mejora de las
políticas activas que gestiona el SAE tras el recorte que el gobierno central ha
efectuado, restando 800 millones de euros a su financiación. Se reforzarán 117
oficinas, ampliándose los servicios del SAE en 310 plazas, 280 de las cuales
serán de nueva creación.
Pero no podemos olvidar que las reformas
laborales fracasadas de los gobiernos centrales han sido responsables directas
de la destrucción de casi dos millones de empleos desde 2010. Para Izquierda
Unida la reivindicación y la lucha en la calle debe acompañar a estas
iniciativas del gobierno andaluz. Así un PER extraordinario que elimine el
requisito de las peonadas, una fiscalidad más justa junto al combate firme del
fraude fiscal y una orientación económica diferente a los recortes y la
austeridad que exige la Troika deben ser los referentes estratégicos.
El Pacto por Andalucía orientado a la prioridad
del empleo, desde el apoyo a la economía social, a la innovación y a un nuevo
modelo productivo, están dentro de la hoja de ruta que sigue Izquierda Unida, al
tiempo que un calendario de movilizaciones (#16F Vivienda, #23F Cambio de modelo
global y #28F Día de Andalucía) que deben servir para avanzar en la construcción
de un bloque social para invertir las dinámicas impuestas por el neoliberalismo.
Izquierda Unida busca una Andalucía en la calle, en resistencia y en rebeldía,
por su dignidad como pueblo y por sus derechos.
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