El pasado viernes 15 de febrero dejará otra
profunda cicatriz en la ya empobrecida democracia de nuestro país. El gobierno
de la derecha ha decidido un ataque directo a la autonomía local, y por tanto a
la democracia, que quiebra el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que costará
alrededor de 40.000 empleos como consecuencia de la pérdida de competencias y de
las privatizaciones de los servicios que ahora prestan los ayuntamientos.
El informe del anteproyecto de la llamada “Ley
para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local” es un
mazazo en el rostro de los pueblos de Andalucía que merece la respuesta
contundente de la movilización en la calle.
Esta reforma afecta en mayor o en menor grado a
la totalidad de los 771 ayuntamientos andaluces, pero es particularmente dura
con los 530 municipios (68%) de menos de 5.000 habitantes que verán en peligro,
incluso, su propia existencia.
Los 159 ayuntamientos (19%) comprendidos entre
5.000 y 20.000 habitantes podrán perder gran parte de sus competencias a favor
de las diputaciones, con lo que un total de 689 ayuntamientos (87%) verán
mermada gravemente su autonomía local. En estos 689 municipios viven
aproximadamente 3 millones de andaluzas y andaluces que sufrirán la disminución
de su capacidad de participar en la gestión de sus ayuntamientos.
Efectivamente, menos democracia local es menos
democracia. El actual modelo municipal va a sufrir una retirada de competencias
y de funciones a favor de las Diputaciones Provinciales –que no son precisamente
instituciones de elección directa de los ciudadanos- y que alejarán a la gente
de la toma de decisiones en sus municipios. Se acerca, por lo tanto, más a un
modelo preconstitucinal de gobernadores civiles que a un auténtico poder
ciudadano de profunda raiz democrática, cercano y participativo, y que
representa una involución hacia épocas ya superadas por el desarrollo
democrático de los pueblos.
De la misma manera sufrirán las administraciones
locales, de aplicarse tal y como sugiere el borrador que aprobó el viernes el
Consejo de Ministros, un control por parte del gobierno central que atará la
voluntad democrática local y que deja reducidas sus decisiones a las de meros
gestores de imposiciones de otros. De ahí que los interventores municipales
dependerán directamente del gobierno central. Ese exhaustivo control financiero
externo en nada se parece a la fiscalización democrática interna y cercana que
exigen los ciudadanos a los alcaldes y concejales de los pueblos. Y para colmo
se controla a los ayuntamientos pero no se les financia.
Por si cupiesen dudas, los ayuntamientos deberán
“ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Cabe recordar
que esa es la madre de todos los recortes –que eufemísticamente denominan
reformas- y cuyos cambios constitucionales se impusieron sin consulta al pueblo
a través de un acuerdo en la media noche del 25 de agosto de 2011 entre PP y
PSOE.
La reforma supone asímismo la privatización de
los servicios públicos municipales, favoreciendo “a la iniciativa económica
privada” como dice literalmente y ofeciendo grandes negocios a quienes obtengan
la concesión para la prestación –desde el ámbito privado- de los servicios
públicos que ahora se gestionan directamente desde la administración pública
local.
Pero no solo privatizará los servicios públicos y
debilitará notablemente la calidad democrática. Esta reforma entra abiertamente
a restarles competencias a los ayuntamientos que se establecen en el Estatuto de
Autonomía de Andalucía y en la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de tal
manera que el propio Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas,
(en la foto en el Ayuntamiento de Víznar) y a su vez responsable de
Administración Local, ya ha anunciado un conflicto de competencias que
probablemente acabe en un recurso al Tribunal Constitucional.
El Partido Popular ha presentado esta reforma
como un ejercicio populista de reducción de cargos públicos con dedicación
exclusiva, en un intento claramente demagógico de desviar la atención sobre el
hecho de privatización de servicios públicos municipales, de la pérdida ingente
de puestos de trabajo y de la desactivación de la democracia y de la autonomía
local. Quitar concejales, reducir parlamentarios y privatizar servicios públicos
–aún siendo un ataque tan brutal a la democracia- no puede distraer la atención
del grado de corrupción que desborda al Partido Popular, ávido de cualquier
balón de oxígeno que desvíe la mirada de la gente.
Por eso la respuesta tiene que venir dada de la
movilización ciudadana en idéntica proporción al ataque recibido. A las
respuestas jurisdicionales y políticas ya emitidas con dureza por parte de
Izquierda Unida y del gobierno de la Junta, se tiene que unir el pueblo andaluz
el próximo 28 de Febrero que suma esta reforma a la ya larga lista de agravios
para salir a la calle.
La defensa del Estatuto de Autonomía, de los
servicios públicos, de la democracia y contra la corrupción suman argumentos de
sobra para que el pueblo andaluz se eche a la calle el 28 de Febrero exigiendo
protagonismo en el futuro de sus propias vidas.
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